Inseguridad: sociedad al quite

Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

Inseguridad: sociedad al quite

 06 de Diciembre de 2017

El deterioro de la seguridad pública en el país es dramático. Y no hay forma de entenderlo, sino como un estrepitoso fracaso de la clase política.

Los debates que hemos escuchado en días recientes no hacen sino confirmar esta conclusión.

No hay otra demanda más sentida por parte de la población que recuperar la tranquilidad en las calles. Sin embargo, los políticos, lejos de ofrecer soluciones prácticas y abordar este tema como un asunto de Estado, aprovechan dicha demanda para propinar golpes a sus adversarios.

¡Como si hubiese un solo partido político con derecho a sentirse ajeno al problema y culpar a los demás de este grave problema!

Teóricamente, en una democracia el ciudadano renuncia a proteger por sí mismo su vida y la de sus seres queridos y sus bienes y pone esa responsabilidad en manos de la autoridad.

Pero en México es cada vez más frecuente que el ciudadano se vea orillado a adoptar medidas de forma personal para hacer frente a la inseguridad.

Éstas pueden ser pasivas (dejar de acudir a sitios que se han vuelto peligrosos, por ejemplo) o activas (colocar rejas u otros elementos de protección en casas, negocios y calles o incluso formar grupos de personas que hacen las labores de patrullaje que corresponden a los cuerpos de seguridad).

Mientras tanto, ¿qué sucede en el estrato de las autoridades? El gobierno federal cruza acusaciones con los gobernadores y éstos con los presidentes municipales. Los partidos se recriminan unos a otros su insensibilidad o desconocimiento sobre el tema. Y las Fuerzas Armadas son obligadas a hacer una función que no les corresponde para llenar el vacío de unas policías que no sirven o de plano no existen.

Nada de esto ha ayudado a contener la ola criminal que azota muchas regiones.

Por desgracia, la temporada electoral que ya tenemos encima no puede sino empeorar las cosas.

¿Por qué? Por tres razones.

1) Generalmente, los tiempos de transición se han constituido en momentos de franca debilidad institucional para enfrentar a los criminales, que saben bien cómo aprovecharlos.

2) La batalla por los cargos de elección popular reduce la de por sí débil voluntad de los partidos políticos para construir acuerdos de cualquier tipo, incluidos los que tienen que ver con la seguridad pública.

3) Los posicionamientos que sobre este tema comenzamos a escuchar por parte de quienes seguramente serán candidatos a dichos cargos denotan una escasa voluntad de atender en serio esta grave situación.

Se ha puesto mucho énfasis en la ocurrencia –es difícil llamarle de otra manera– lanzada el pasado fin de semana por Andrés Manuel López Obrador para recuperar la paz pública mediante una “amnistía” a los delincuentes.

Coincido con quienes han dicho que se trata de una pésima idea, pues, entre otras cosas, se olvida de la justicia que se debe hacer a las víctimas, todo en aras de confiar en que los delincuentes se porten bien en el futuro.

De hecho, es tan absurda que resulta legítimo especular que AMLO únicamente la lanzó para que se hable de él y su tercer intento por llegar a la Presidencia, pues había quedado sepultado mediáticamente por el destape de José Antonio Meade.

Dicho eso, hay que señalar que ninguno de sus eventuales rivales en la contienda que culminará el 1 de julio ha mostrado alguna tesis que resulte novedosa para sacar al país de este atolladero o siquiera la disposición de discutir seriamente con el resto de las fuerzas políticas para encontrar una solución.

Eso obligará a la sociedad civil a actuar de forma más decidida. Y no me refiero a que los ciudadanos hagan justicia por propia mano –cosa que, estoy convencido, no resuelve el problema e incluso puede empeorarlo–, sino a empujar a las autoridades a dar pasos concretos para hacer lo que constitucionalmente es su deber.

En ello, debe actuar organizada, sin prejuicios y tratando de no exacerbar los ánimos de confrontación de las fuerzas políticas. Debe conminarlas a colaborar y ayudar construir los escenarios que hagan posible ese trabajo en común.

Afortunadamente, hay lugares del país donde, de esa manera, la seguridad pública se ha mantenido o se ha recuperado. No hay político que se haga el sordo cuando la sociedad se organiza en serio.

Lo que no sirve de nada es tomar partido por alguna de las fuerzas políticas que achacan a las otras la responsabilidad exclusiva de lo que está pasando, o pensar que con la llegada de alguna de ellas a la Presidencia en 2018 es suficiente para que el problema se resuelva.

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El general Cienfuegos y la ley de Seguridad

 06 de Diciembre de 2017

En marzo pasado mantuve una larga entrevista sobre la ley de Seguridad Interior con el General Salvador Cienfuegos para el programa Todo personal. Hoy es importante recuperar la palabra de quien está al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No hay nada que defina, me decía el general Cienfuegos en aquella oportunidad, qué es la seguridad interior y cuándo son problemas de seguridad interior. Desde mi punto de vista, estamos entrando ya en un panorama donde muchos de los asuntos que considerábamos de seguridad pública hoy han escalado y tienen que ser considerados problemas de seguridad interior”.  Le dije al general Cienfuegos que hay quienes dicen que no se puede armar una Ley de Seguridad Interior a la medida de las Fuerzas Armadas.

Nosotros, me dijo Cienfuegos, “no estamos pidiendo una ley que nos favorezca, creo que se ha dicho mucho y eso ha tergiversado o ha hecho desinformación. Nosotros no estamos esperando una ley que sirva para la protección de las Fuerzas Armadas o que sea a modo de las Fuerzas Armadas o, como otros dicen, que vaya a institucionalizar la presencia de los militares en las calles o aún más, que vamos a militarizar la seguridad pública, por el contrario, esta ley, como todas las leyes, obliga a que todas las entidades, todos los entes que tiene responsabilidad en seguridad interior, y me refiero al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, como a los estados y los municipios, a quienes procuran la justicia, tienen que ver en la seguridad interior”.

Es la ley, agregó, “la que debe decir, cuando finalmente se tome la decisión de que participen las Fuerzas Armadas, la que tendrá que decir en qué condiciones, en qué tiempo, qué área, quiénes tendrían los mandos y qué objetivos se persiguen con esta participación. Pero quisiera insistir en que no es una ley para que estemos en primera línea, es una ley que obligará a otros hacer su trabajo y cuando éstos no puedan, al final, hasta el final, se tome en cuenta a las Fuerzas Armadas”.

“Nunca, agregó el secretario de la Defensa Nacional, ha sido nuestra pretensión sustituir a las policías, no las hemos sustituido ni queremos ni pensamos que debamos sustituirlas. Seguiremos apoyándolas cuando los gobiernos que tengan el problema lo estén solicitando y el señor Presidente de la República lo autorice”.

Le dije al general que la paradoja es que los mismos partidos que gobiernan en esos estados, y que piden ese apoyo y que no quieren que se retiren a los elementos militares, luego en el Congreso no apoyan esa presencia.

“Es una gran paradoja”, reconoce Cienfuegos. “Yo he hablado prácticamente con todos los gobernadores y todos están en la idea de que sigamos apoyándolos y apoyan que se legisle; sin embargo, hay algunos legisladores que están en oposición a esto, tienen sus dudas o quizás hay unas cuestiones que no son muy claras para ellos y que tendrán que discutirse, sin embargo, sigue pasando el tiempo y no contamos con un marco jurídico que apoye los esfuerzos que hacemos en beneficio de la sociedad apoyando a las autoridades civiles”.

Le pregunto si están desprotegidos jurídicamente. “Definitivamente, me dice, cuando se piense utilizar a las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, debe pensarse que va a utilizarse con sus recursos, con sus medios, con sus tácticas, con sus técnicas, cambiarles esto, es lo que ya dije en alguna ocasión, es desnaturalizar, la función de las Fuerzas Armadas… muchas veces hemos actuado como semipolicías. Una cosa rara que no tiene ningún respaldo y que tenemos que estar cumpliendo. Es más, hoy el nuevo Código de Procedimientos penales, que es un gran avance, nos impide hacer lo que hacíamos antes. Hoy no podemos hacer consignaciones, tenemos que hacerlo en coordinación y por conducto de la policía, así lo dice la ley, y nos encontramos con el problema de que las policías, los ministerios públicos, no van a donde están los hechos”.

“Cada vez más, continúa el titular de la Sedena, vemos a personas que son detenidas en flagrancia, vamos, los consignamos, y muchas veces el juez dice “¿usted es policía? No, soy soldado”, entonces usted no puede consignar. Pero eso es lo que dice la ley, y a eso se tienen que apegar los jueces, pero si no hay policías, entonces cómo consignamos… hay que evitar esta puerta giratoria, porque la gente se decepciona, igual que los que están exponiendo su vida”.

Yo creo, dice el general Cienfuegos, “que la Ley de Seguridad Interior puede dar la posibilidad de establecer una ruta crítica para que las Fuerzas Armadas se vayan retirando gradualmente de las calles… no es ético ni moral que dejemos a la sociedad en estas condiciones, concluyó Cienfuegos. Yo invitaría a que se vayan a dar una vuelta allá a donde están los soldados, donde están los problemas más complicados, más serios. Ir un ratito allá, por esos lugares y que escuchen a la gente. Yo personalmente he recibido la petición de muchísimas personas en diferentes partes del país, que me dicen: “General, no se vayan a ir, no nos vaya a dejar abandonados, queremos que estén aquí, por favor no se vayan…”. ¿Escucharán los legisladores al general y a gente que pide su protección?